Un atlas muestra cerca de 2.000 conflictos medioambientales en todo el mundo
Acceso al Atlas en http://ejatlas.org/
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El Atlas de Justicia Ambiental, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona y en el que participan colectivos como Ecologistas en Acción, se ampliará en los próximos años hasta incluir 3.000 conflictos medioambientales.
“No son casos aislados, en todas partes cuecen habas”, ha afirmado Joan Martínez Alier. Alier es el coordinador del Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona con el que se pretende visualizar los diferentes conflictos sociales desarrollados en torno al medio ambiente en todo el mundo. Un “work in progress”, según ha señalado Alier, en el que se han recopilado hasta ahora1.729 conflictos repartidos por todo el mundo y que en los próximos cinco años esperan que reúna hasta 3.000 casos gracias a una subvención de 2 millones de euros del Consejo de Investigación Europeo.
Extracción de minerales, de gas, de petróleo. Pero también en relación con el transporte, el derecho al territorio, las plantaciones de soja, la gestión de los residuos o las fumigaciones con glifosato. “Hemos visto también las expresiones y vocabularios que utilizan los movimientos, como la ‘sand mafia’ en India. El atlas permite, por el momento, búsquedas de conflictos por países, por la mercancía o tema objeto del conflicto –el derecho al territorio es el tema con más conflictos relacionados por todo el mundo, con 495 casos mostrados en este mapa, seguido por el agua, con 300 casos–, o por empresas –Shell, Nigerian Petroleum Corporation y Chevron son las que aparecen con más conflictos relacionados–.
También está planeada la publicación de mapas transversales sobre conflictosrelacionados con los residuos en el que se incluyan los casos sobre incineradoras de las cementeras o casos como el de Bogotá, en donde las cooperativas de recolectores de basura para reciclaje fueron sustituidos por una empresa de servicios, hasta que, tras 10 años de lucha, consiguieron que la Corte Constitucional les reconociera como proveedores de este servicio público.
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